Estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno, autorizando a los militares a intervenir junto a la Policía para resguardar el orden público en medio de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan 42 muertos en cinco semanas.
La medida que rige desde el 15 de enero contempla que “la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, según el decreto del Poder Ejecutivo publicado por la gaceta oficial cerca de la medianoche del sábado.
Además, suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales.
La decisión gubernamental se produce cuando se anuncian movilizaciones desde el sur de Perú hacia la capital peruana a partir del lunes, en una acción que las autoridades califican de “asonada a Lima” en un intento de desestabilizar a Boluarte.
Perú inició el sábado con más de 100 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes, mientras el aeropuerto de Cusco reanudaba operaciones, un día después de que la presidenta Dina Boluarte aseguró que no renunciará.
Las regiones del sur andino, de las más marginadas en Perú, están sumidas en una incesante convulsión social que ha dejado al menos 42 muertos desde inicios de diciembre, según líderes civiles y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Hay sectores extremistas que buscan generar desorden y caos, con intereses subalternos (…)”, afirmó la noche del viernes Boluarte, cuando crecía la presión política que reclama su dimisión.
Como vicepresidenta de Pedro Castillo, Boluarte asumió el 7 de diciembre luego que fue destituido por el Congreso por un fallido golpe de Estado.
El sábado los bloqueos afectaron 11 regiones de los Andes y la Amazonía, especialmente en el sur, cerca a las fronteras con Bolivia y Chile. Según estadísticas de la Superintendencia de Transporte Terrestre, nunca antes se habían presentado tantos cortes en la actual crisis.
Pero en Cusco, meca del turismo internacional, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días por seguridad. Con la medida, el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta siete millones de soles diarios (1,7 millones de dólares) por la crisis.
Los trenes a Machu Picchu, única vía para acceder a esta joya del turismo mundial, seguían suspendidos.
Boluarte se dirigió al país el viernes tras la renuncia y reemplazo de los ministros del Interior, Trabajo y Mujer.
La presidenta instó al Congreso a acelerar los trámites para realizar elecciones anticipadas en abril de 2024 y pidió perdón por las muertes provocadas por la crisis.
“Pido perdón por esta situación y por lo que se haya dejado de hacer para evitar estos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón, pido que rechacemos la violencia”.
Diversos colectivos, sobre todo de los Andes sureños, exigen la renuncia de Boluarte, a quien consideran responsable de la violencia.
Asimismo, piden el cierre del Congreso controlado por la derecha y la realización inmediata de elecciones.
Los pedidos de libertad de Castillo -en detención preventiva mientras se le procesa por supuesta rebelión- y la formación de una Asamblea Constituyente también hacen parte de la agenda.
