El sistema de justicia de la República Dominicana ha dado un importante paso hacia la justicia y la transparencia con la variación de la medida de coerción al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, en el caso de la Operación Calamar. Esta decisión, tomada por la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, demuestra el compromiso de las autoridades por garantizar un proceso justo y equitativo.
El tribunal, presidido por Doris Pujols Ortiz, junto con Rafael Báez e Indira Montas, ha decidido cambiar la prisión preventiva por el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos, además del impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público. Esta medida refleja la confianza en que el imputado cumplirá con el proceso legal y demuestra que se pueden abordar estos casos con responsabilidad y justicia.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha demostrado su compromiso con la persecución de los delitos de corrupción. Esta decisión es un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley y de que se luchará sin tregua contra la corrupción en todas sus formas.
Este caso no se limita a un individuo, sino que involucra a varios exfuncionarios y figuras públicas. La red desmantelada con la Operación Calamar utilizaba diversas instituciones para llevar a cabo prácticas irregulares, como expropiaciones ilegales, cobros indebidos a negocios legales y compras de inmuebles con sobrecostos. Esta variación de la medida de coerción es un paso hacia la rendición de cuentas y la justicia.
La sociedad dominicana puede confiar en que las instituciones están trabajando para garantizar la transparencia y la integridad en el manejo de los asuntos públicos. Este caso, y otros similares, son ejemplos claros de que la República Dominicana avanza hacia un futuro en el que la corrupción no tendrá cabida y en el que los responsables enfrentarán las consecuencias de sus acciones.
