Santiago, República Dominicana – En una operación conjunta liderada por el Ministerio Público y la Policía Nacional, y con la colaboración de la Junta Central Electoral (JCE), se ha desmantelado una amplia red dedicada a la falsificación de documentos públicos en la República Dominicana. Esta red, que operaba en la sombra, confeccionaba fraudulentamente actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos para portar armas, para su venta tanto a ciudadanos dominicanos como extranjeros. La denominada «Operación Colibrí», implementada por el Ministerio Público para combatir a aquellos que atentaban contra la integridad del sistema de Registro Civil del país, ha sido un rotundo éxito. Más de una docena de individuos, incluyendo a dos empleados de la Junta Central Electoral, han sido arrestados en 18 allanamientos simultáneos coordinados por 20 fiscales y más de 200 agentes policiales. Durante meses, los departamentos de Investigación y Falsificación de la Fiscalía de Santiago han estado siguiendo de cerca las actividades fraudulentas de esta red. Colaborando estrechamente con las direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica de la JCE, se han logrado desarticular estas operaciones ilegales.La red desmantelada no se limitaba únicamente a la falsificación de cédulas de identidad; también estaba involucrada en la creación fraudulenta de licencias de conducir, permisos para portar armas de fuego, diplomas de bachillerato, actas de bautismo, matrimonio e incluso actas de defunción. Las consecuencias de sus acciones iban más allá de la simple falsificación; tenían un impacto real en la sociedad y la seguridad del país.Aquellos arrestados en estos allanamientos enfrentarán cargos por suplantación de identidad, uso de documentos falsos y falsificación de documentos públicos, delitos sancionados por el Código Penal Dominicano, además de aquellos descritos en la Ley 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral.
Esta operación es un claro mensaje de que las autoridades dominicanas están comprometidas en la lucha contra la impunidad y la corrupción. La cooperación entre instituciones y la determinación de los fiscales y agentes policiales han dado un paso significativo hacia un sistema más seguro y transparente en la República Dominicana.
