En un llamado urgente a la conciencia y responsabilidad de los jueces que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la abogada Laura Acosta, representante legal de la Sociedad Comercial Okra Company LTD, ha apelado por la pronta resolución de la recusación presentada por los imputados contra 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en el caso de fraude societario de la compañía Costa Dorada.
«Lo que pedimos es decisión y asunción de responsabilidad, no necesariamente a nuestro favor, pero sí en pro de la transparencia y legalidad. De lo contrario, serán cómplices de una maniobra dilatoria que perjudica a quienes, por años, han luchado en los tribunales por sus derechos en Costa Dorada», expresó la abogada Acosta en el programa «El Sol de la Mañana».
La demora en la respuesta de la SCJ no solo afecta los intereses de las familias Mayol y Serrano, víctimas del fraude accionarial, sino que también genera inseguridad jurídica en el país. Acosta destaca que la justicia tardía no solo niega la justicia, sino que socava la confianza en el sistema judicial dominicano.
La abogada subraya que la demora en el sistema judicial va más allá de un interés privado; representa un menoscabo del interés público y refleja la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en la República Dominicana.
El proceso judicial ha llevado a las familias Mayol y Serrano por un viacrucis en el cual fueron incluso excluidas del juicio de fondo para recuperar sus derechos, una decisión que la abogada califica de «absurda». Además, resalta que, de llevarse a cabo el juicio sin la presencia de las víctimas, se despojará a las familias de su derecho a ser resarcidas, mientras los verdaderos culpables quedan impunes.
Cabe recordar que los imputados en este fraude, la sociedad Global Multibusiness Corporation y Rafael Olegario Helena Regalado, también estuvieron involucrados en el caso de Bahía de las Águilas.
Este llamado a la acción busca poner fin a la injusticia que han sufrido las familias Mayol y Serrano, víctimas de un fraude que, mediante la falsificación de documentos y alteración de la historia societaria, busca apropiarse de más de 6 millones de metros cuadrados en las costas de Baní, propiedad de Costa Dorada. La lucha por la justicia y la verdad continúa en aras de un sistema judicial más transparente y justo para todos.
