El presidente Luis Abinader se prepara para implementar medidas trascendentales en las instituciones militares durante el próximo mes de febrero, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (139-13). Esta acción brinda al Poder Ejecutivo la oportunidad de abordar la presencia ilegal de ciertos generales que han excedido límites de edad, rango o tiempo de servicio, desafiando así las normativas vigentes.
Recientemente, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea llevaron a cabo la baja de más de 12,000 alistados, en un esfuerzo que las autoridades describen como un proceso para «limpiar» las filas de las Fuerzas Armadas y garantizar que todos los miembros estén debidamente autorizados para servir. Sin embargo, algunos señalan que estos despidos podrían haber implicado maltrato y falta de consideración hacia muchos de los afectados.
En el ámbito del mando superior, el presidente, en su capacidad constitucional, tiene la facultad de realizar retiros en los rangos de generales y coroneles de las Fuerzas Armadas, así como nombrar y destituir a los altos mandos militares. Además de abordar la ilegalidad, la reestructuración busca enfrentar la carga económica generada por el exceso de generales, quienes reciben asignaciones que afectan las finanzas de las instituciones castrenses.
Aunque la legislación establece un límite de 52 oficiales generales, uno por cada 1,000 militares, actualmente hay 96 en las tres instituciones castrenses. Expertos consultados proponen revisar las jerarquías militares para asegurar su adecuación a las necesidades actuales y garantizar la eficacia de las Fuerzas Armadas.
La aplicación de la normativa, según fuentes consultadas, es esencial para preservar la integridad y la eficacia de las Fuerzas Armadas. «Es insuficiente efectuar ajustes solo en los niveles inferiores de las fuerzas, si se permite la transgresión de la ley en los estamentos superiores,» sostienen.
El exceso de generales, además de ser ilegal, tiene un impacto negativo en la disciplina y la ética de las Fuerzas Armadas, creando un entorno de preferencia y desigualdad frente a los rangos inferiores. Solo el Poder Ejecutivo puede llevar a cabo los ajustes necesarios para garantizar la eficiencia y la legalidad en las instituciones militares.
Tomado de acento.com.do
