Teófilo Abreu
¿Dónde tenía la cabeza el presidente Abinader, para inventarse una ley, que él mismo sabe, es violatoria a la Constitución de la República, y cuyos alcances han sido comparados a los del funesto y temible Servicio de Inteligencia Militar (SIM), que causó muchas muertes durante la dictadura trujillista?.
Pero, ¿estarían borrachos, drogados o locos los legisladores de ambas cámaras, al momento de aprobar, aparentemente sin leer, una pieza que ahora los ha obligado a rasgarse las vestiduras y hasta decir que fueron engañados, porque aprobaron una cosa y se promulgó otra diametralmente diferente?
Es decir que nadie escapa a la culpabilidad por las consecuencias que puedan derivarse de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aprobada “a la carrera” en el Congreso Nacional y promulgada “a millón” por el Poder Ejecutivo, que, sin lugar a dudas, será la primea prueba de fuego que recibirá el Tribunal Constitucional (TC), cuyos nuevos integrantes han sido considerados cercanos al partido de gobierno.
Ya varios recursos de inconstitucionalidad han sido elevados ante ese alto estamento judicial por representantes de organizaciones de la sociedad civil, religiosas, periodísticas y de abogados, que ven en esta nueva legislación una seria amenaza contra las libertades individuales, por cuanto obligaría a las personas a entregar informaciones, sin una orden judicial, so pena de ser apresada y condenada a pagar multa.
Se trata de una ley que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a la libertad, el derecho a la privacidad y al secreto profesional, y que algunas organizaciones políticas han advertido que tiene corte dictatorial, debido a que crearía las condiciones para que se puedan procesar personas por negarse a dar algún testimonio, “por lo que estaríamos retrocediendo a la dictadura de Trujillo.
A raíz de la promulgación de esta ley, son muchas las conjeturas que han salido a relucir, comenzando conque fue aprobada al vapor, sin que los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, lo leyeran, como ha ocurrido en otras oportunidades.
Pero fue sancionado por una gran mayoría de diputados y senadores de todos los partidos mayoritarios, tanto del partido de Gobierno como de la oposición, que ahora señalan que fueron engañados porque el texto que fue aprobado es muy diferente a promulgado por el Ejecutivo, por lo menos en cuanto al artículo más espinoso, el número 11, que elimina la obligatoriedad de que la entrega de una información tenga que ser ordenada por un juez.
Incluso, hay denuncia de un legislador, en el sentido de que mediante una llamada desde el Palacio Nacional, alegadamente instruía a que se hiciera el cambio en el texto que fue promulgado.
De todos modos, esta nueva ley, que ha levantado todo un ventarrón desde distintas esferas políticas, deberá ser conocida por el Tribunal Constitucional, a donde ya han sido sometidas diferentes instancias que piden declararla inconstitucional, constituyéndose en la primera prueba de fuego para este alto órgano judicial.
