Ariel Henry, designado primer ministro tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, se enfrenta a un escenario tenso en Haití. A pesar del fin de su mandato el 7 de febrero, Henry se mantiene en el poder, desafiando las demandas de elecciones democráticas y generando indignación en la población.
Las protestas violentas se han intensificado, con enfrentamientos mortales entre la policía y la Brigada para la Seguridad de las Áreas Protegidas (B-SAP), aliada de la oposición. La B-SAP, originalmente encargada de proteger zonas fronterizas, se ha unido a las manifestaciones exigiendo la renuncia de Henry.
El primer ministro promete una transición que no se materializa, mientras la violencia de las pandillas se agrava, dejando más de 800 víctimas en enero de 2024. La situación humanitaria se deteriora, con un aumento de desplazados internos y una misión multinacional de seguridad que carece de financiamiento.
El llamado de la comunidad internacional a una fuerza armada internacional para combatir las pandillas genera preocupación, dada la historia de abusos de las misiones de la ONU en el país. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el asesinato de Jovenel Moïse, con su viuda, Martine Moïse, enfrentando una orden de arresto.
Haití, una vez símbolo de libertad tras la Revolución Haitiana de 1804, enfrenta una crisis profunda y compleja, donde la esperanza de un futuro democrático y próspero parece esquiva.
