El movimiento cívico Participación Ciudadana, afiliado a Transparencia Internacional, llevó a cabo un diálogo con comunicadores y periodistas en el Hotel Crowne Plaza, Distrito Nacional, para compartir estrategias de divulgación sobre los riesgos de corrupción en el financiamiento climático y los delitos ambientales. Este evento tuvo como objetivo fomentar un intercambio dinámico de ideas y experiencias para desarrollar estrategias efectivas de comunicación que maximicen el impacto y alcance del proyecto de Gobernanza e Integridad Financiera Climática en la sociedad dominicana.
Durante el encuentro, los participantes discutieron estrategias para involucrar a los ciudadanos en la problemática, promover la conciencia pública sobre el cambio climático y los delitos ambientales, e invertir en educación climática para una mejor comprensión de estos temas.
El proyecto, financiado por la Waverley Street Foundation de Estados Unidos, ha realizado varios estudios, incluyendo el mapeo de riesgos de corrupción y delitos ambientales, el flujo del financiamiento climático y el estudio sobre género y cambio climático en la República Dominicana.
El coordinador general de Participación Ciudadana, Erick Hernández, destacó la importancia de aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y fortalecer la reforestación y el desarrollo marítimo del país, en línea con la Constitución y las leyes especiales.
La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, presentó el marco del proyecto de Gobernanza e Integridad Financiera Climática y los riesgos de corrupción asociados. Además, se compartieron los resultados de una encuesta en línea coordinada por el proyecto, que busca medir la transparencia, rendición de cuentas e inclusión en las políticas climáticas en la República Dominicana, así como comprender más sobre el cambio climático, el crimen ambiental y la corrupción.
El programa tiene como metas principales promover la transparencia y la inclusión en la acción climática, mejorar la rendición de cuentas y monitorear la financiación climática, así como proteger a las comunidades contra la impunidad y defender a los defensores del medio ambiente y los denunciantes en búsqueda de la justicia.
