Según una fuente del gobierno de Haití, está prevista la llegada de un primer contingente de 200 policías kenianos el 23 de mayo. Este despliegue coincidirá con la visita del presidente de Kenia, William Ruto, a la Casa Blanca la próxima semana, lo que añade una dimensión diplomática crítica al asunto.
El fallo judicial en cuestión bloqueaba el despliegue de la fuerza policial keniana, que está programada para empezar a operar en Haití la próxima semana con el objetivo de ayudar a contener la violencia criminal de las pandillas. La Alianza por la Tercera Vía argumenta que Haití no tiene actualmente un gobierno o un parlamento elegido democráticamente que pueda ratificar un acuerdo bilateral entre Nairobi y Puerto Príncipe para activar este despliegue.
Este movimiento judicial se produce después de que el mismo partido opositor presentara anteriormente una petición ante el Alto Tribunal de Kenia para bloquear el despliegue. La Alianza por la Tercera Vía sostiene que cualquier acción gubernamental que contradiga el fallo judicial es una violación flagrante del estado de derecho.
Mientras tanto, equipos estadounidenses llegaron a principios de mayo a Puerto Príncipe para preparar las instalaciones que albergarán la misión de seguridad keniana. Esta misión internacional ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y contará con la participación de otros países como Benín, Bahamas y Bangladés.
Según una fuente del gobierno de Haití, está prevista la llegada de un primer contingente de 200 policías kenianos el 23 de mayo. Este despliegue coincidirá con la visita del presidente de Kenia, William Ruto, a la Casa Blanca la próxima semana, lo que añade una dimensión diplomática crítica al asunto.
La controversia en torno a este despliegue subraya las tensiones políticas internas en Kenia y plantea preguntas sobre la legitimidad y el respeto por las decisiones judiciales en el contexto de la política exterior. La Alianza por la Tercera Vía continúa su lucha legal, buscando asegurar que el Gobierno de Kenia cumpla con las leyes y las resoluciones judiciales vigentes.