SANTO DOMINGO.- República Dominicana no ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela desde las elecciones de 2018, cuando varios países de la región consideraron que el proceso electoral fue fraudulento. En respuesta, el entonces presidente Danilo Medina ordenó el retiro del embajador dominicano, Eusebio Carlino, medida que ha permanecido en vigor hasta la actualidad.
Desde ese momento, ambos países han mantenido una presencia diplomática mínima en sus embajadas. Ahora, en medio de nuevos cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral en Venezuela, Nicolás Maduro ha solicitado el retiro del personal diplomático de siete países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana.
La decisión de República Dominicana en 2018 se alinea con la postura del Grupo de Lima, una coalición de países de América Latina y Canadá que rechazó los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dieron lugar a la reelección de Maduro.
En un comunicado oficial, el Gobierno de Venezuela exigió este lunes a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro inmediato de sus representantes en territorio venezolano, en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las recientes presidenciales. Además, el Ejecutivo de Maduro decidió retirar a todo el personal diplomático de las misiones en estos siete países.
El gobierno venezolano afirmó que se reserva todas las acciones legales y políticas necesarias para defender su derecho a la autodeterminación y para enfrentar cualquier acción que amenace el clima de paz y convivencia en el país. En su pronunciamiento, Venezuela rechazó las críticas de los gobiernos mencionados, calificándolos de seguidores de ideologías “sórdidas” y “fascistas” que buscan desconocer los resultados electorales.
Los gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana han expresado su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones y han exigido una revisión completa de los resultados. Además, han solicitado una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar las irregularidades y garantizar la transparencia del proceso.
