Washington, D.C., 28 de agosto de 2024 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles la implementación de «prácticas de terrorismo de Estado» en Venezuela, señalando graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la represión, arrestos arbitrarios y desapariciones de manifestantes de la oposición. Estos hechos han ocurrido en medio de protestas masivas que exigen transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, presentó un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el que describió cómo las manifestaciones han sido «duramente reprimidas» en un «contexto de absoluta impunidad». Clarke afirmó que los órganos de control en Venezuela son parte integral de la estrategia represiva del Estado, lo que ha impedido cualquier tipo de rendición de cuentas.
El informe se presentó coincidiendo con una convocatoria de la oposición para que sus seguidores salieran a las calles de Caracas a defender su supuesta victoria en las elecciones. Esto ocurre un día después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara cambios en su gabinete, generando temores de una intensificación de la represión contra las protestas.
Clarke informó que al menos 23 personas han muerto durante las manifestaciones, todas por disparos de las fuerzas de seguridad. Entre los fallecidos, ocho muertes han sido atribuidas a las fuerzas militares y dos a la policía. Además, desde el 22 de julio, se han registrado al menos 1,672 detenciones, la mayoría de ellas de jóvenes de áreas urbanas empobrecidas.
El informe también destaca patrones recurrentes de violaciones a los derechos humanos que incluyen el uso arbitrario de la fuerza, arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, persecuciones judiciales, acoso a opositores y censura de la libertad de expresión. Clarke subrayó que aquellos detenidos enfrentan violaciones al debido proceso, como la imposición de defensores públicos y la incomunicación de menores de edad con sus familias.
Desde el 28 de julio, se han documentado al menos 108 violaciones a la libertad de expresión, incluyendo detenciones arbitrarias de periodistas, acusaciones infundadas de terrorismo, cancelación de pasaportes, cierre de medios de prensa y confiscación de equipos. La Comisión también ha recibido informes de detenciones arbitrarias para inspeccionar dispositivos móviles y el uso de cámaras de vigilancia y drones para el patrullaje.
La preocupación entre los sectores opositores se intensificó esta semana tras la designación de Diosdado Cabello como ministro del Interior. Cabello, considerado el hombre más poderoso del país después de Maduro, ha expresado su apoyo a una persecución más dura contra aquellos que cuestionan los resultados electorales.
Maduro asegura haber ganado la reelección con más de un millón de votos, rechazando las demandas de la comunidad internacional para que se publiquen las actas de votación. La oposición, por su parte, afirma que su candidato, Edmundo González, ganó con un margen de más de 2 a 1, y ha publicado en línea el recuento de votos del 80% de las máquinas electorales.
La sesión del Consejo Permanente de la OEA, convocada por 12 países miembros, escuchó el informe con gran preocupación. Washington Abdala, representante de Uruguay ante la OEA, condenó al régimen venezolano por su brutalidad y falta de límites. Mientras tanto, el Senado de Chile aprobó un proyecto de resolución solicitando al presidente Gabriel Boric que interceda ante la Corte Penal Internacional (CPI) para la emisión de una orden de detención contra Maduro.
En la misma sesión, Luis Almagro, secretario general de la OEA, reiteró su petición a la CPI para que imputen cargos y emitan órdenes de arresto contra los principales responsables del régimen venezolano, calificando a Maduro como un «presidente de facto» y denunciando la impunidad prevalente en el país.
