El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio ha declarado a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela. Este pronunciamiento fue realizado en una ceremonia en el Instituto Interamericano para la Democracia en Miami, donde el magistrado Domingo Salgado, segundo vicepresidente del organismo, denunció la falta de legitimidad de Nicolás Maduro en los recientes comicios.
Rechazo a la proclamación de Maduro
El TSJ en el exilio, basándose en testimonios de observadores electorales y organizaciones internacionales, consideró nula la proclamación de Nicolás Maduro realizada el 29 de julio por Elvis Amoroso Hidrobo. Según el tribunal, las elecciones no cumplieron con los principios de transparencia y veracidad del sufragio que exige la Constitución venezolana, declarando así su inconstitucionalidad.
Crítica al sistema judicial venezolano
El tribunal también invalidó un documento emitido por Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del Supremo aliado a Maduro, que pretendía validar un proceso electoral viciado. En su declaración, el TSJ en el exilio criticó la situación de inconstitucionalidad en Venezuela, calificando al país como un «Estado fallido» donde los poderes públicos y las fuerzas de seguridad actúan en complicidad con el régimen de Maduro.
Llamado a las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional
El TSJ en el exilio hizo un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas y otros cuerpos de seguridad para que cumplan con su deber constitucional de proteger al pueblo y garantizar la convivencia democrática. Además, instó a la comunidad internacional a reconocer la legitimidad de Edmundo González Urrutia como presidente electo y a apoyar los esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela.
Acción judicial contra Maduro en Argentina
En otro desarrollo, el presidente del TSJ en el exilio, Antonio Marval, anunció que el tribunal se sumará como querellante en un caso por delitos de lesa humanidad contra Nicolás Maduro en Argentina. Este caso, impulsado por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), busca una «orden de detención internacional» contra Maduro bajo los principios de Justicia Universal, que permiten juzgar crímenes de lesa humanidad en un país diferente al de su comisión si no se investigan adecuadamente.
