POR CÉSAR DALMASÍ
Me ha llamado de forma poderosa la atención y a la vez provocándome gran preocupación la inoperancia e incompetencia que exhiben los actuales miembros de la Cámara de Cuentas de la República, (aunque no queriendo hablar en plural, me veo en la obligación de hacerlo) no obstante esa entidad ser favorecida cada año con recursos económicos extraordinarios como nunca en su historia, lo que unido a su nueva Ley número 18-24 del 12 de junio del año 2024, muy a pesar de lo anterior esto solo ha servido para aumentar su desconexión con la sociedad y la confrontación interna de sus incumbentes, en particular su presidente que ha estado envuelto en conocidos escándalos.
Recuerdo que meses atrás el actual presidente de la Cámara de Cuentas Janel Andrés Ramírez Sánchez de manera insólita y vergonzante declaró que solo habían podido realizar cuando más cinco (5) auditorías por año y ahora de forma reciente como una contradicción del destino, él haciendo uso de las atribuciones absolutistas contempladas en el artículo 41 numerales 12, 13 y 14, de la Ley 18/24 Orgánica de la Cámara de Cuentas, ha estado cancelando a funcionarios de la entidad que habían sido recomendados por otros miembros del pleno y designando en su lugar a personas de su círculo personal.
La situación planteada ha convertido esa institución de control externo de los recursos públicos, en una entidad gubernamental que en lugar de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los actores públicos, principios consagrados a su favor en la Constitución de la República y en su Ley Adjetiva ya citada por nosotros más arriba, la institución ha pasado a ser un elefante blanco dispendioso e ingobernable que avergüenza a los ciudadanos con esperanza de que en el país haya fortalecimiento institucional, transparencia y buenas prácticas de gobierno.
En comparación con todo lo anterior, me asombro de lo que he visto en la Memoria de Gestión de esa misma entidad de control, correspondiente al período 2002-2006, en la que he podido observar el detalle de las ejecutorias alcanzadas por esa institución en lo que se llamó programa de Reforma Institucional y Modernización, cuyos detalles principales comparto a continuación.
En dicho informe de gestión se habla de la creación de una (1) Sede principal en Santo Domingo y tres (3) oficinas regionales estratégicamente colocadas en distintos puntos cardinales del país, para así cubrir la fiscalización de la mayor cantidad de organismos públicos, destacándose de la siguiente forma: 1) La regional de Santiago de Los Caballeros para las catorce (14) provincias del Cibao; 2) La regional de la Romana, para todas las provincias del Este; 3) La regional de Azua de Compostela para todas las provincias del Sur del país.
Señala además el referido informe de Gestión Institucional, que durante el proceso de modernización el grupo de miembros destacados, encabezados por su presidente, para ese entonces el doctor Máximo Castillo Salas, además de realizar todas las actividades propias de la modernización en desarrollo, y realizar a su vez, la gestión de Tribunal Superior Administrativo que por ley le correspondía como entidad fiscalizadora además de los correspondientes informes al Congreso Nacional auditados, realizaron un número sin precedente histórico de auditorías a saber: A) 32 Auditorias en el año 2002; B) 48 Auditorías en el año 2003; C) 108 Auditorías en año 2004; D) 169 Auditorías en el año 2005; y E) 230 Auditorías en el años 2006.
Luego del desglose expresado en los párrafos anteriores nos preguntamos, ¿Qué ha pasado con todas las gestiones de los plenos de miembros de la entidad fiscalizadora de control externo de los recursos públicos, que después de enero del año 2007 han estado transitando de escándalo en escándalo sin poder en modo alguno continuar la labor de Reforma Institucional y Modernización que se realizó en esa institución del Estado?
Sin más por el momento, solo dejo en la mente de los lectores la inquietud para que cada quien saque sus propias conclusiones en relación a ese tema que ha sido tan mal manejado por los responsables, no solo relativo a los miembros de la Cámara actual sino y reiteramos en los distintos plenos de miembros que han pasado por dicho organismo de control después del año 2007.
