Por el abogado y escritor
Licdo. Bolívar Ureña Marte
En un artículo anterior me referí al demoledor atentado planificado por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, con la complicidad de un reducido número de jueces del Tribunal Constitucional, ejecutado con la Sentencia núm. TC/0001/15, que mutiló la Ley núm. 10-04, orgánica de la Cámara de Cuentas, afectando de forma grave su funcionamiento y estabilidad.
En esta nueva ocasión como el que clama en el desierto (Juan 1:23), buscando despertar la conciencia institucionalista y el espíritu patriótico, valores humanos que estoy convencido de que están en vía de extinción hoy por hoy, pasando a ser raras especies exóticas difícil de encontrar, me referiré a otros atentados que han sido perpetrados contra el indicado extrapoder del Estado.
Atentado núm. 6. Con la Constitución producto del Pacto de Las Corbatas Azules, la del 26 de enero del 2010, en lugar de la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas por el Consejo Nacional de la Magistratura, entidad creada por esa Carta Magna, se dejó su designación como facultad de la vorágine política del Congreso, Cámara de Diputados y Senado, en lo que a mi juicio constituye el mayor atentado sufrido por la entidad de control.
Atentado núm. 7. Ocurrió con la designación en febrero del año 2017, gracias a un papelito con cinco nombres enviado desde el Palacio Nacional al Senado de la República en el que figuraban los nombres de: Hugo Francisco Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, nombrados con la encomienda de hacer todo lo que le pida el grupo de gobierno, incluyendo maquillaje de auditorías.
Atentado núm. 8. Este consistió en la denegación de Justicia del Tribunal Constitucional que luego de haber sido sometido un recurso de inconstitucionalidad en diciembre del 2006 contra la decisión de la Cámara de Diputados de enviar ternas amañadas al Senado de la Republica para la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas del papelito enviado desde el Palacio Nacional bajo la orden de José Ramón Peralta y Danilo Medina, el flamante Tribunal Constitucional falló el recurso del 2006 más de cuatro (4) años después, el 22 de diciembre del 2020 con la Sentencia núm. TC/316/20, cuando la entidad había sido allanada por el Ministerio Público por complicidad en un entramado criminal de corrupción y maquillar auditorias.
Atentado núm. 9. Constituye un acto de vergüenza pública el juicio político fallido contra los actuales miembros de la Cámara de Cuentaspresidida por Janel Andrés Ramírez Sánchez, luego de una serie de escándalos públicos escenificados y admitidos por estos, que dieron lugar a la aprobación en la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados de su sometimiento a Juicio Político, que luego fracasó por la alianza de los partidos principales de la oposición que torpedearon el sometimiento, provocando la impunidad de los hechos investigados.
Es así la forma penosa del comportamiento de algunos funcionarios públicos, jueces, legisladores y partidos políticos, que en su afán de poder, enriquecimiento y notoriedad se colocan al margen de la ley y de los intereses supremos de la sociedad dominicana.
