Santo Domingo, República Dominicana. El incumplimiento de la Ley No. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio de los funcionarios públicos se ha convertido en una preocupante burla, que requiere una acción firme por parte de las autoridades competentes. Participación Ciudadana denuncia la apatía de la mayoría de los servidores públicos, quienes han ignorado el mandato legal de declarar su patrimonio en el plazo estipulado.
A pesar de los 30 días otorgados por la ley y de haber tenido 120 días desde su elección, muchos funcionarios, incluyendo legisladores, no han cumplido con su deber. Esto refleja una falta de compromiso con la transparencia, una obligación que debe ser ejemplar en quienes redactan y aprueban leyes.
Algunos legisladores han solicitado una extensión de este plazo, lo cual es inadmisible, ya que la Cámara de Cuentas no puede alterar el tiempo fijado por la norma. La ley solo permite una extensión de 10 días para corregir declaraciones incompletas, pero no favorece a quienes no la han presentado.
Participación Ciudadana insta a la Cámara de Cuentas a publicar los nombres de los funcionarios que han cumplido, así como los que han incumplido o lo han hecho fuera de plazo. También exige al Ministerio Público investigar las declaraciones tardías y aplicar las sanciones correspondientes, como la retención de salario o las acciones penales en casos de falsedad en la declaración.
Este llamado busca garantizar el imperio de la ley y la aplicación de las consecuencias a quienes desobedezcan esta obligación, solicitando incluso la inhabilitación para ejercer funciones públicas en casos graves de incumplimiento.
