La Procuraduría General de la República ha citado para esta tarde a las 3:00 p.m. a José “Jochi” Gómez Canaán, vinculado a la empresa Transcore Latam, SRL, para ser interrogado en relación con las presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la modernización y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
La Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encargada de la investigación, solicitó la presencia de Gómez en la cuarta planta del edificio que alberga la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia. Esta citación está relacionada con una denuncia presentada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la que se alegan graves irregularidades durante la ejecución del procedimiento de licitación, que incluyen falsificación de documentos, composición accionaria confusa y movimientos sospechosos de accionistas.
Contexto del Escándalo
Jochi Gómez se encuentra en el centro de un escándalo que comenzó en octubre de 2023, agravado por la falla del sistema de semáforos en la capital dominicana. Recientemente, Gómez organizó un evento en el que participó como moderador, con la presencia del exsecretario de Estado de los EE. UU., Mike Pompeo, donde reveló la existencia de un contrato con el Ministerio de Defensa, firmado a través de su empresa Aurix, un acuerdo que las autoridades rescindieron el 10 de septiembre.
El pasado director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, también ha reaparecido en el debate público, señalando que desconocía las irregularidades de la empresa Transcore Latam durante el proceso de licitación. Beras ha responsabilizado a los organismos de control del Estado, como la Contraloría General de la República y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, por no detectar ni advertir sobre los problemas en la contratación.
Repercusiones
Este caso ha causado revuelo, no solo por las posibles irregularidades en el proceso de licitación, sino también por el impacto que ha tenido en la seguridad vial del Gran Santo Domingo, afectando a miles de ciudadanos debido al mal funcionamiento del sistema semafórico. Las investigaciones continúan, y se espera que este interrogatorio sea clave para esclarecer las responsabilidades y los posibles vínculos con otras entidades gubernamentales.
Portada Nacional continuará siguiendo este caso de cerca para mantener informados a sus lectores sobre los próximos desarrollos.
