Teófilo Abreu
El presidente Luis Abinader deberá sentirse muy satisfecho con lo bien que ha caído en amplios sectores del país este anuncio estruendoso, hecho con mucho desparpajo, con bombos y platillos, ante un flujo cada vez más incontenible y peligroso de haitianos indocumentados a territorio dominicano.
Mucho más satisfecho cuando se entiende que es una “valiente y patriótica” respuesta a la presión de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales pro-haitianas para que este país se llene de inmigrantes del vecino país.
Pero “del dicho al hecho hay mucho trecho”, como reza un viejo refrán. Y lo más probable es que esto se convierta en una nueva fuente de enriquecimiento para militares que siempre se han aprovechado del flujo ilegal de haitianos a territorio dominicano, al cobrar altas sumas de dinero por dejarlos entrar.
En términos prácticos diríamos que no sería imposible de lograr este anunciado propósito gubernamental, siempre que se cuente con verdadera voluntad política y patriótica, y se disponga de los recursos y medios necesarios.
Deportar 10,000 haitianos ilegales por semana implicaría un promedio de 1,428 cada día o alrededor de 40,000 en un mes. Según la Dirección General de Migración, en los primeros cuatro días de este plan han sido deportados 7,217 ilegales hacia su país.
Mucha gente ha visto en diferentes sectores cruzar “la camiona” con grupos de haitianos apresados y trasladados al antiguo Centro Vacacional de Haina, desde donde serían enviados a la frontera, previa depuración, para determinar su condición de legalidad.
Ya las autoridades haitianas, en un comunicado de su Cancillería, ha condenado la disposición del Gobierno Dominicano, que consideran discriminatoria y violatoria a los derechos humanos.
En términos similares se han expresado las autoridades norteamericanas y de otros países latinoamericanos, en tanto que el presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Lynn Raymond Young, convocó a una sesión extraordinaria para tratar el tema de las deportaciones masivas de haitianos en República Dominicana, a solicitud de la Misión Permanente de Haití, para considerar la situación de los migrantes en el territorio nacional.
Habría que esperar a ver si el presidente Abinader y el Gobierno estarían en capacidad de enfrentar con el valor que debería esperarse ante la presión que vendría una acción de tal magnitud, y si se cuenta con los medios para recoger y devolver a su país esa cantidad de ilegales.
Por otro lado, habría que esperar a ver si esta vez no ocurre como en otros casos, en los que se hacen amagos o anuncios despampanantes para tranquilizar a una población que reclama medidas enérgicas ante esta inmigración ilegal, que amenaza con hacer desaparecer esta parte de la isla como nación independiente.
Ya sabemos lo que ha pasado con el muro fronterizo, que luego de anunciarse con todo desparpajo, quedó en una simple verja, pero que luego de haber pasado cuatro años y lo que va de la presente Administración, ahí permanece sin saber si algún día podrá terminarse.
Mientras tanto, sólo nos toca esperar para saber si el anuncio de 10,000 deportaciones por semana tiene algo de verdad o es una simple fábula.
