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SANTO DOMINGO. El Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC) han firmado un acuerdo marco de cooperación interinstitucional con el propósito de colaborar en el fortalecimiento de la justicia constitucional y electoral, el control de convencionalidad, y la protección de los derechos humanos. Este convenio busca beneficios mutuos para ambos sistemas jurisdiccionales en el país.
El acuerdo, firmado por los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier y Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidentes de ambas entidades, establece el compromiso de realizar actividades conjuntas para fortalecer el conocimiento de jueces y servidores de ambas instituciones. Dichas actividades incluyen programas de entrenamiento, capacitación, seminarios, talleres, y jornadas de estudio que permitirán a los participantes conocer en profundidad las estructuras, procedimientos y competencias de cada tribunal.
Como parte de esta colaboración, ambas entidades acordaron mantener una comunicación directa y constante para organizar actividades de capacitación, intercambiar información relevante como jurisprudencias, estudios y estadísticas, y realizar investigaciones conjuntas. Todo esto está orientado a optimizar los conocimientos técnicos y profesionales de los servidores judiciales.
En la ceremonia de firma, realizada en las instalaciones del TC, estuvieron presentes importantes figuras de ambas instituciones, entre ellas el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega y otros directores de diversas áreas, lo que demuestra el respaldo institucional al acuerdo.
**Sobre las instituciones firmantes**
El Tribunal Constitucional (TC), encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales, se apoya en la Ley 137-11, que le permite colaborar con universidades y centros de investigación para promover estudios constitucionales.
Por su parte, el Tribunal Superior Electoral (TSE), regido por la Ley Orgánica 29-11, es un órgano autónomo con personalidad jurídica independiente, responsable de ejercer sus funciones en el ámbito electoral con plena legitimidad y bajo los preceptos de la Constitución y las leyes.
Ambas entidades, reconocidas en el sistema legal dominicano, desempeñan sus funciones con autonomía y responsabilidad, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del orden constitucional y la justicia en el país.
