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Siguiendo una orden del gobernador republicano Greg Abbott, los hospitales de Texas comenzarán a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio, una política que representa una intensificación en la confrontación del estado con la administración Biden en torno a la inmigración. El objetivo, según Abbott, es rastrear el gasto en atención médica para pacientes no residentes legales y buscar reembolsos del gobierno federal. Sin embargo, esta medida ha despertado preocupación entre grupos de defensa, quienes temen que podría disuadir a personas necesitadas de atención médica crítica, especialmente en comunidades inmigrantes vulnerables, aunque los pacientes tienen la opción de no responder a estas preguntas.
Esta disposición es similar a la política implementada en Florida el año pasado, donde el gobernador Ron DeSantis, también crítico de la administración federal en temas de inmigración, estableció un requisito similar para los hospitales. En Florida, la medida generó confusión y temor entre las comunidades inmigrantes, quienes expresaron preocupación por cómo podría impactar su acceso a la atención médica.
Los hospitales de Texas, anticipando la posible reacción de sus comunidades, han dedicado meses a prepararse para esta implementación, asegurando a los pacientes que el nivel de atención no dependerá de su estado migratorio. No obstante, organizaciones de derechos humanos y defensores de la salud pública siguen alertas ante cualquier efecto adverso que esta política pueda tener en el acceso a servicios médicos, temiendo que este cambio disuada a los inmigrantes de buscar ayuda médica necesaria.
