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Santo Domingo, 8 de noviembre de 2024 – La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso medidas de coerción contra Freddy Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), y el tesorero Aníbal Ozoria, ambos acusados de estafar al Estado dominicano en un presunto desfalco de 60 millones de pesos.
Núñez deberá pagar una garantía económica de 1.2 millones de pesos mediante una aseguradora, presentarse ante el tribunal cada 30 de mes y tiene prohibida la salida del país. Su abogado, José Fis, informó que la jueza ordenó una evaluación médica para su cliente debido a complicaciones de salud. Por su parte, Ozoria deberá pagar una garantía de 300 mil pesos y cumplir con el mismo régimen de presentación periódica y restricción de salida.
Acusaciones y cargos legales
El Ministerio Público acusa a ambos directivos de corrupción, falsificación de documentos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos. El expediente del caso, de 757 páginas, incluye 219 pruebas que detallan la presunta malversación de fondos públicos en Fedopem, la cual se habría producido entre 2011 y 2023, hasta la suspensión de los directivos por el Ministerio de Deportes.
Ernesto Guzmán, representante del Ministerio Público, expresó su conformidad con las medidas de coerción, calificándolas de «importantes» para avanzar en el proceso judicial. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por Wilson Camacho, continúa las investigaciones, que han incluido allanamientos en residencias y las oficinas de la federación en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Defensa de los implicados
La defensa de Núñez, liderada por Fis, rechazó las acusaciones y expresó satisfacción parcial con la decisión judicial, mientras que la abogada de Ozoria, Olianna García Mateo, destacó que su cliente admitió haber firmado algunos cheques en blanco, pero niega responsabilidad directa en el caso.
El juicio continuará con nuevas audiencias programadas, en las que se espera que el Ministerio Público presente más pruebas que puedan sustentar las acusaciones y que ambas partes sigan argumentando en favor o en contra de los implicados en este complejo caso de presunta corrupción y fraude estatal.
