Pro Consumidor ordena cese inmediato de operaciones de Worldcoin Foundation por cláusulas abusivas

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El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ha suspendido este jueves las operaciones de la empresa Worldcoin Foundation en la República Dominicana, debido a las irregularidades detectadas en los contratos de adhesión ofrecidos a ciudadanos que proporcionaron sus datos biométricos a cambio de criptomonedas.

Según un comunicado, la suspensión se mantendrá mientras se procesan las investigaciones y se evalúan los objetivos comerciales de la empresa con base en la documentación presentada. El análisis del Departamento Jurídico de Pro Consumidor determinó que los contratos de Worldcoin no cumplen con la Ley 358-05 de Protección al Consumidor ni con las resoluciones 01-2009 y 008-2002, además de transgredir la Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales.

Cláusulas abusivas y falta de transparencia

Entre las irregularidades encontradas, Worldcoin Foundation no establece un domicilio social en el país, lo que dificulta a los consumidores ejercer reclamos o solicitar información. Esto vulnera el derecho a una relación clara y transparente entre proveedor y consumidor, consagrado en los artículos 33 y 84 de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario.

Pro Consumidor notificó la decisión mediante un acto oficial y destacó que garantizar los derechos económicos de los consumidores es una obligación del Estado.

Datos biométricos bajo la lupa

Worldcoin Foundation opera escaneando el iris de los usuarios mediante un dispositivo en forma de esfera, a cambio de criptomonedas que pueden equivaler a un monto inicial de RD$6,000. A pesar de la controversia, más de 7,400 personasya han registrado sus datos biométricos en el país, según informes de medios locales.

Especialistas han advertido sobre los riesgos asociados al uso de datos biométricos sin garantías claras de seguridad y privacidad.

Pro Consumidor reitera su compromiso con la protección de los derechos de los ciudadanos, instando a la población a no compartir información sensible sin verificar la legitimidad y transparencia de las empresas que la solicitan.

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