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Autoridades judiciales trasladaron este lunes a un grupo de militares y policías acusados de vender municiones de manera ilícita, para la audiencia en la que se determinará la medida de coerción. Los imputados enfrentan graves cargos relacionados con la comercialización de un arsenal compuesto por miles de cartuchos y cápsulas de diferentes calibres.
El arsenal incautado
Según el expediente, los acusados habrían negociado y distribuido las siguientes municiones:
- 82,949 cartuchos de escopeta calibre 12.
- 10,444 cartuchos de calibre 12 con especificaciones de 12 mm.
- 26,128 cápsulas de fusil calibre 7.62 mm.
- 489 cápsulas de calibre 9.07 mm.
- 230,330 cápsulas de calibre 5 mm.
- 117 cápsulas de calibre 45 mm.
- 68,800 cartuchos de goma para escopeta calibre 12.
Investigación en curso
Las autoridades sospechan que las municiones eran vendidas a redes criminales tanto a nivel nacional como internacional. Este caso resalta la posible participación de miembros activos de instituciones castrenses y policiales en actividades delictivas, lo que ha generado preocupación en la sociedad.
El Ministerio Público solicitará prisión preventiva como medida de coerción, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga de los imputados.
Impacto y respuesta institucional
Este escándalo pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de fortalecer los controles internos en las instituciones de seguridad del país, para prevenir que recursos destinados a la protección ciudadana terminen en manos del crimen organizado.
«Estos hechos no solo representan una traición al deber de proteger a la sociedad, sino que también fortalecen las estructuras delictivas que generan violencia e inseguridad», declaró una fuente del Ministerio Público.
La audiencia para conocer las medidas cautelares está programada para los próximos días, mientras las investigaciones continúan para determinar si existen otros implicados en esta red de tráfico ilegal de municiones.
