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La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó el jueves una polémica ley que impone severas sanciones a los ciudadanos que promuevan o apoyen medidas internacionales contra el país, desconozcan las instituciones públicas o atenten contra la soberanía nacional.
La normativa, criticada por defensores de derechos humanos y líderes opositores, considera estas acciones como crímenes de lesa humanidad. Establece penas de 25 a 30 años de prisión, destitución de cargos, inhabilitación política por 60 años y la confiscación de bienes.
El presidente Nicolás Maduro ha defendido la medida como una respuesta necesaria para proteger a Venezuela de bloqueos y sanciones «criminales» que, según él, son responsables de la crisis económica del país. Sin embargo, opositores y analistas atribuyen los problemas a las políticas de Maduro durante sus 11 años de mandato.
Oposición en el blanco
El instrumento legal parece apuntar directamente a figuras como María Corina Machado, líder opositora que enfrenta una nueva investigación por «traición a la patria» tras respaldar un proyecto de ley en Estados Unidos que busca limitar transacciones con empresas vinculadas al régimen venezolano.
Machado, actualmente en la clandestinidad, ha sido acusada de instigación a la insurrección debido a su papel en las protestas posteriores a las elecciones del 28 de julio. Según el excandidato opositor Edmundo González, la persecución a Machado es un intento de silenciarla y refleja el temor del gobierno frente a su influencia política.
Contexto internacional
La ley surge poco después de que la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobara un proyecto que prohíbe negociaciones con entidades comerciales ligadas a Venezuela, lo que ha intensificado las tensiones entre ambos países.
El texto legal aún debe ser revisado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia antes de su promulgación oficial por Maduro y su publicación en la Gaceta Oficial.
Reacciones divididas
Mientras el oficialismo celebra la normativa como una defensa de la patria, sectores de la oposición y organismos internacionales advierten que representa un nuevo ataque a las libertades democráticas. Estados Unidos, por su parte, ha reconocido al opositor Edmundo González como «presidente electo» de Venezuela, aumentando la presión sobre el gobierno de Maduro.
La aprobación de esta ley marca un nuevo capítulo en la compleja crisis política venezolana, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos.
