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Santo Domingo. – El experto en derecho electoral y destacado dirigente de la sociedad civil, Pablo Vicente, expresó su firme oposición a las propuestas de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos en la República Dominicana. Según Vicente, esta medida representaría un grave retroceso para la democracia y el sistema partidario del país.
El financiamiento público: pilar de equidad y transparencia
En sus declaraciones, Vicente enfatizó que el financiamiento público no solo se traduce en un aporte económico, sino en una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades en las competencias políticas. “Este mecanismo reduce la dependencia de los partidos hacia intereses privados y fortalece la institucionalidad democrática,” afirmó.
Además, destacó que la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos regula estrictamente el uso de estos recursos, distribuyéndolos en:
- 50% para gastos administrativos.
- 40% para apoyo a candidaturas.
- 10% para actividades de capacitación y formación política.
Vicente también subrayó que la Junta Central Electoral (JCE), a través de su unidad de control financiero, supervisa el uso de estos fondos, asegurando mayor transparencia.
El reto de perfeccionar el sistema
Reconociendo los desafíos en torno a la transparencia y eficiencia del uso de los fondos, Vicente hizo un llamado a fortalecer la implementación del financiamiento público, en lugar de eliminarlo. “Decir sí al financiamiento público no significa ignorar los problemas existentes, sino asumir el compromiso de construir un sistema político más equitativo y transparente,” expresó.
El también autor de «Democracia en los Partidos: Pautas para su Transformación» instó a la sociedad civil, los partidos políticos y las autoridades electorales a unir esfuerzos para optimizar el manejo de los recursos y fomentar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Un llamado a la sostenibilidad democrática
Con esta postura, Pablo Vicente reafirma su compromiso con una democracia sólida, inclusiva y sostenible, basada en la equidad, la justicia social y la transparencia. Sus declaraciones destacan la importancia de garantizar un financiamiento público eficiente como elemento esencial para fortalecer el sistema democrático dominicano.
