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En un operativo conjunto, las autoridades colombianas desarticularon una red que operaba un matadero clandestino en Chiquinquirá, Boyacá, dedicada al sacrificio ilegal de vacas, caballos y asnos. Según informó la Fiscalía este lunes, la carne de estos animales, sacrificados en condiciones insalubres, se distribuía en instituciones públicas como colegios y cárceles, principalmente en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.
Operación ilegal y cargos contra los implicados
La Policía capturó a ocho personas, quienes enfrentan cargos por concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental y corrupción de alimentos. Tres de los acusados, Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, eran responsables de administrar las cuatro bodegas clandestinas utilizadas para almacenar y distribuir la carne, y han sido enviados a prisión preventiva.
Otros cinco implicados, entre ellos John Anderson Pineda y Gildardo Antonio Isaza, fueron puestos bajo detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.
Distribución sin control sanitario
El matadero clandestino operaba en condiciones deplorables y sin los permisos requeridos por las autoridades. Los animales sacrificados estaban enfermos y en malas condiciones, lo que representa un grave riesgo para la salud pública.
La carne, empaquetada sin cumplir con la cadena de frío, era trasladada a bodegas en Bogotá y Cota, desde donde se distribuía a través de intermediarios a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros penitenciarios, plazas de mercado y comercios.
Impacto en la salud pública y el medio ambiente
La Fiscalía destacó que las prácticas de esta red no solo violaban normativas sanitarias, sino que también representaban una amenaza ambiental y un acto de crueldad animal. «Es fundamental proteger a la ciudadanía de este tipo de redes que ponen en riesgo la salud de la población más vulnerable, como estudiantes y reclusos», señaló el organismo.
Acciones legales y próximos pasos
Con la captura de los implicados, las autoridades buscan garantizar que este tipo de actividades ilegales no continúen. El caso también ha abierto el debate sobre la supervisión de proveedores en programas públicos como el PAE, exigiendo mayores controles para evitar situaciones similares en el futuro.
Este caso pone en evidencia la importancia de una estricta regulación y supervisión en la cadena de distribución de alimentos, especialmente aquellos destinados a instituciones públicas.
