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El escándalo de corrupción relacionado con la compra de aviones se reactiva tras ocho años
Los jueces de la Tercera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogieron este viernes el recurso del Ministerio Público y anularon la extinción del proceso judicial contra el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio y otros dos implicados en el caso de sobornos por la compra de ocho aviones Super Tucano en 2007.
Nuevo juicio ordenado para el caso Super Tucano
La sentencia 502-01-2024-SSEN-00164 devuelve el expediente al Cuarto Tribunal Colegiado, que deberá reiniciar el juicio. Además de Peña Antonio, el proceso involucra al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, al empresario Daniel Aquino Hernández y a las empresas 4D Business Group y Magycor.
Los acusados enfrentan cargos por supuestamente haber recibido un soborno de US$3.5 millones de dólares de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), como parte de un acuerdo para la compra de los aviones de combate. Este caso emblemático ha estado en los tribunales durante ocho años, después de que se dictaron medidas de coerción en agosto de 2016.
Impacto en otros casos de corrupción
En paralelo, el Cuarto Tribunal Colegiado también deberá retomar el juicio relacionado con la venta irregular del barrio Los Tres Brazos, otro caso de presunta corrupción estatal cuya extinción penal había sido declarada.
Con estas decisiones, se reactivan procesos que han sido considerados como algunos de los mayores escándalos de corrupción en el manejo de recursos públicos en la República Dominicana.
Representación del Ministerio Público
El Ministerio Público, representado por los fiscales José Miguel Marmolejos Vallejo y Rosa Pichardo, presentó los argumentos durante cinco audiencias ante la Corte de Apelación, logrando revocar la extinción penal y reabrir estos casos.
Un paso hacia la rendición de cuentas
El caso Super Tucano ha sido símbolo del descontento ciudadano frente a la corrupción y la impunidad en el Estado. La reactivación de este proceso y del caso Los Tres Brazos refleja la presión social y judicial para garantizar que los recursos de los contribuyentes sean manejados con transparencia y que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
