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La Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) ha condenado los llamados “intercambios de disparos” y las ejecuciones extrajudiciales, señalando que estas prácticas se han convertido en una preocupante epidemia nacional. Según la organización, agentes de la Policía Nacional están implicados en la muerte de jóvenes de escasos recursos acusados de estar vinculados a la delincuencia, sin que se respeten sus derechos fundamentales.
Fidel Lorenzo Merán, representante de FEJUS, criticó la narrativa oficial de los “intercambios de disparos”, asegurando que los supuestos delincuentes abatidos no siempre son responsables de los crímenes y que los verdaderos cabecillas permanecen protegidos por sectores de poder económico. Lorenzo Merán subrayó que estas acciones no solo violan derechos humanos, sino que también desvían la atención de los verdaderos responsables detrás del crimen organizado.
FEJUS considera alarmante el registro de al menos 120 muertes atribuidas a la Policía Nacional durante 2024, lo que equivale a un promedio de 10 personas abatidas por mes. La fundación exige que el gobierno del presidente Luis Abinader priorice en 2025 la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, con énfasis en la formación y educación de los agentes para enfrentar la creciente violencia sin recurrir a la fuerza letal de manera injustificada.
Lorenzo Merán afirmó que ningún organismo tiene la facultad de quitar la vida a una persona, ni siquiera a quienes han sido condenados por la justicia, y exhortó a las autoridades a garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. FEJUS insiste en que la reforma policial debe ser un eje fundamental para combatir la violencia y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas del orden público.
