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Altos funcionarios del gobierno venezolano, vinculados a agencias económicas, de seguridad y militares, han sido objeto de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Estas medidas buscan presionar al régimen de Nicolás Maduro por la represión, violaciones de derechos humanos y la subversión de la democracia.
Sanciones de Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra figuras clave del régimen de Maduro. Según Bradley Smith, subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, «Maduro y sus asociados continúan reprimiendo al pueblo venezolano».
Entre los sancionados destacan:
- Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela (PdVSA).
- Ramón Celestino Velázquez, ministro de Transporte.
- Otros altos funcionarios militares y policiales, como Douglas Arnoldo Rico, director del Cicpc, y Manuel Enrique Castillo, subcomandante del Ceofanb.
Las sanciones incluyen el bloqueo de activos en territorio estadounidense y restricciones financieras a quienes mantengan transacciones con ellos.
Reacciones de Maduro
En respuesta, Nicolás Maduro calificó las acciones de EE. UU. como «acusaciones falsas», acusando al gobierno estadounidense de actuar como «cowboys racistas». Además, rechazó los cargos de narcotráfico presentados en su contra desde 2020.
Unión Europea y Canadá Se Suman
El Consejo de la Unión Europea amplió su lista de sancionados, añadiendo 15 figuras relacionadas con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), y las Fuerzas Armadas. Estas medidas, según el organismo, buscan responder a irregularidades en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y la represión de la oposición.
Por su parte, Canadá impuso sanciones a 14 altos funcionarios venezolanos por su participación en violaciones de derechos humanos, según anunció la ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly.
Llamado Internacional
La Unión Europea instó al régimen de Maduro a poner fin a las detenciones arbitrarias y garantizar el respeto por los derechos humanos. Estas acciones internacionales refuerzan la presión sobre el gobierno venezolano, exigiendo una transición democrática y el respeto al Estado de Derecho.
