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San José, Costa Rica – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua por la falta de integridad del proceso electoral de 2011, señalando un uso abusivo del aparato estatal que favoreció la reelección del mandatario. El fallo, emitido este jueves, destaca graves violaciones a los derechos políticos y judiciales, así como la parcialidad de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral.
“La Corte concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección del presidente Daniel Ortega, y que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral no garantizaron recursos judiciales efectivos frente a las irregularidades”, afirmó Nancy Hernández, presidenta de la CorteIDH, durante la presentación del fallo.
Violaciones a los Derechos Políticos
El tribunal declaró al régimen responsable de violar los derechos políticos de Fabio Gadea Mantilla, candidato presidencial en 2011, quien denunció múltiples irregularidades, incluida la ilegalidad de la reelección presidencial. Según el fallo, decisiones judiciales manipuladas dieron una apariencia de legalidad a la reelección, violando principios democráticos básicos.
La CorteIDH ordenó a Nicaragua adaptar su normativa interna a los estándares internacionales, eliminando la reelección presidencial indefinida, práctica que el tribunal considera contraria a los principios democráticos. Además, instruyó al país a garantizar la imparcialidad e independencia del Consejo Supremo Electoral y a establecer recursos efectivos para impugnar violaciones en procesos electorales.
Creación de Fuerzas Paramilitares y Reformas Constitucionales
En paralelo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó esta semana reformas constitucionales que formalizan la creación de fuerzas paramilitares, bajo el nombre de “fuerzas militares de reserva patriótica” y “policía voluntaria”. Estas organizaciones, según opositores, actuarían como grupos parapoliciales al servicio del régimen.
La reforma permite la integración de ciudadanos voluntarios en estas fuerzas, justificando su existencia como herramientas para “garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz”. Sin embargo, organismos humanitarios acusan a estas agrupaciones de haber participado en actos represivos durante la revuelta popular de 2018, conocida como ‘Operación Limpieza’, que dejó cientos de muertos.
Contexto y Repercusiones
El fallo de la CorteIDH y las recientes reformas subrayan el deterioro democrático en Nicaragua, marcado por la concentración de poder y la represión sistemática. Las medidas adoptadas por el régimen Ortega-Murillo han sido criticadas internacionalmente, alimentando las denuncias de violaciones a derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales en el país.
La sentencia del tribunal internacional representa un llamado de atención a la comunidad internacional y una advertencia sobre el impacto del autoritarismo en los derechos políticos y las garantías democráticas.
