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El Gobierno de Chile, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró este jueves que recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) si se confirma la participación de Diosdado Cabello, número dos del chavismo, en el asesinato del exmilitar venezolano asilado en Chile, Ronald Ojeda.
«Son antecedentes preliminares porque la investigación está todavía en curso, pero los tomamos con toda su gravedad porque son relevantes y reiterados. Si la investigación los confirma, el Estado de Chile no lo dejará pasar», afirmó Tohá en declaraciones a la prensa.
La ministra subrayó que, en caso de corroborarse la vinculación de Cabello, Chile llevará el caso al Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, para garantizar que se haga justicia ante un crimen que afecta directamente los derechos de un asilado político en su territorio.
Testigos señalan a Diosdado Cabello como autor intelectual
La decisión del Gobierno chileno se produce tras las declaraciones del fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, quien informó que un testigo clave del caso señaló que «el encargo y el pago habría venido de Diosdado Cabello».
Este testimonio refuerza la línea de investigación sostenida por el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, quien desde el inicio ha vinculado el asesinato de Ojeda con altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Detalles del asesinato de Ronald Ojeda
Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano crítico del régimen chavista y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su hogar en Santiago. Diez días después, su cuerpo fue encontrado sepultado bajo un bloque de cemento en una localidad de la capital chilena.
Ojeda, quien huyó de Venezuela tras denunciar actos de corrupción y abusos en el régimen de Maduro, se convirtió en un objetivo de persecución política, según diversas fuentes. El brutal asesinato ha generado indignación tanto en Chile como en la comunidad internacional.
Implicaciones internacionales
La posible implicación de Diosdado Cabello en el asesinato de Ojeda podría tensar aún más las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Además, este caso plantea interrogantes sobre la presencia y actuación de grupos criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, en territorio chileno.
El anuncio del Gobierno chileno de recurrir a la CPI subraya su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el resguardo de los asilados políticos que han buscado refugio en su país.
«Habrá muchas definiciones que tomar, pero una de las cosas que tenemos claro es que recurriremos al Tribunal Penal Internacional si los hechos son confirmados», concluyó la ministra Tohá.
