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Santo Domingo. Ha transcurrido un año y seis meses desde que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) interviniera la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera, Inc. (Coop-Herrera) por un desfalco superior a los 2,500 millones de pesos, dejando a miles de ahorrantes en la incertidumbre. A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades, la mayoría de los afectados sigue sin recuperar sus fondos.
Un fraude que sacudió la confianza en el sector cooperativo
Según el Ministerio Público, el fraude habría sido cometido por la directiva de la cooperativa, que manejaba los recursos de sus socios sin la debida transparencia. Como resultado, los ahorrantes, que confiaron su dinero en la institución, han quedado atrapados en un proceso de intervención y reestructuración sin respuestas concretas sobre la devolución de sus fondos.
El director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (Airac), José Alejandro Rodríguez, destacó que los depósitos deben ser protegidos y devueltos conforme al plan de recuperación y el protocolo estipulado en la Ley 127-64, que rige el sistema cooperativo en el país.
Medidas adoptadas y falta de avances
El 21 de diciembre de 2023, el Idecoop emitió una resolución para la conformación de un Gobierno Corporativoencargado de gestionar la recuperación de los recursos de los socios. Sin embargo, hasta la fecha, no se han reportado avances significativos en la devolución del dinero.
La Resolución 020-2023 estableció que la administración de la cooperativa quedaría en manos de una comisión compuesta por representantes de otras cooperativas, inversionistas y delegados de la misma entidad. Su función principal es garantizar la estabilidad y recuperación financiera de Coop-Herrera. Además, se estipuló la presentación de un informe de avances en un plazo de tres meses, pero dicho documento aún no se ha hecho público.
Preocupación entre los ahorrantes
Hasta diciembre de 2022, la cooperativa reportaba activos por más de 10,740 millones de pesos, pero el fraude dejó en el aire los ahorros de miles de personas, muchas de las cuales recibieron certificaciones financieras sin respaldo como pago por la venta de inmuebles adquiridos por la anterior administración.
Rodríguez señaló que, aunque los esfuerzos del órgano regulador han sido adecuados, la magnitud del caso demanda mayor supervisión y transparencia para evitar mayores perjuicios a los socios afectados.
El caso de Coop-Herrera sigue siendo un tema de gran preocupación para el sector cooperativo y las autoridades financieras, quienes deben responder a los afectados y garantizar que este tipo de fraudes no vuelvan a repetirse. Entretanto, los ahorrantes continúan esperando respuestas y la recuperación de su dinero.
