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El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a Jairo González, señalado como responsable de una presunta estafa superior a 100 millones de pesos mediante inversiones fraudulentas en criptomonedas.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, González operaba a través de su empresa Harvest Groups & Asociados, captando fondos en dólares de inversionistas en República Dominicana con la promesa de invertirlos en mercados de capitales, bolsas de valores y criptomonedas a través de brokers en internet. Sin embargo, la empresa no contaba con la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), operando fuera del marco regulatorio.
Cronología del caso
2023
- 13 de febrero: Jairo González fue arrestado en una villa de Jarabacoa, provincia La Vega, y trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
- 15 de febrero: El juez Rigoberto Sena Ferreras aplazó la audiencia para que la defensa pudiera conocer el expediente y las querellas presentadas.
- 10 de marzo: La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventivacontra González.
2024
- 14 de marzo: El Ministerio Público presentó formalmente la acusación contra González y otras cinco personas implicadas en la presunta estafa.
- 15 de abril: El juicio preliminar fue aplazado debido a la falta de notificación a todas las partes y la ausencia de abogados de algunas víctimas.
- 6 de mayo: Se reprogramó la audiencia para que dos de los coimputados designaran un defensor público.
- 29 de julio: El tribunal inició la audiencia preliminar con la lectura del expediente acusatorio.
2025
- 3 de febrero: El tribunal varió la medida de coerción de González, sustituyendo la prisión preventiva por una garantía económica de 20 millones de pesos a través de una aseguradora, impedimento de salida del país, uso de un grillete electrónico y presentación periódica ante el juez.
Próximos pasos
Con esta decisión, Jairo González enfrentará un juicio de fondo, donde las víctimas esperan recuperar los fondos invertidos en la supuesta plataforma financiera. El proceso determinará su responsabilidad en la presunta estafa, mientras el Ministerio Público sostiene que su empresa operaba al margen de la ley.
