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La Junta Central Electoral (JCE) saludó el arresto y sometimiento a la justicia de seis personas, entre ellas empleados de la institución, acusadas de integrar una red dedicada a la falsificación y suplantación de documentos con el objetivo de beneficiar de manera irregular a ciudadanos haitianos en la provincia Peravia.
Las autoridades continúan la búsqueda de dos prófugos, contra quienes ya fueron emitidas órdenes de arresto.
Caso declarado complejo y medidas de coerción impuestas
La magistrada Loida Amador, jueza de la jurisdicción de Atención Permanente de Peravia, declaró el caso como complejo y dictó prisión preventiva contra Amauri Rosario Aybar. Además, impuso garantía económica y presentación periódica ante el Ministerio Público a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez.
Los imputados fueron apresados tras múltiples allanamientos realizados en las localidades de Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní.
Estructura de la red y su ‘modus operandi’
Según la investigación del Ministerio Público, la red estaba conformada por empleados de la Oficialía del Estado Civil de Nizao y terceros, bajo la dirección de María del Carmen Arias Castillo, quien se encuentra prófuga, al igual que Dominga Valdez, contra quienes pesan órdenes de arresto.
Las indagaciones revelan que la red operaba a través de una supuesta fundación llamada ANEADEF, liderada por Dominga Valdez. Aunque la entidad se presentaba como un centro de educación especial para personas con discapacidad, en la práctica se dedicaba a la comercialización de identidades falseadas, utilizando documentos suplantados de ciudadanos dominicanos.
Investigación y cargos legales
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la JCE, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la JCE, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), con apoyo de la Consultoría Jurídica, la Dirección de Cedulación, la Dirección de Inspectoría y la Dirección de Informática de la JCE.
Los acusados enfrentan cargos por asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos, en violación de los artículos 265, 266, 145, 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano. También se les imputa la transgresión de los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, los artículos 13 y 14.4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, los artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales, y los artículos 6 párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La Junta Central Electoral reafirma su compromiso de proteger la identidad y el Registro Civil Dominicano, asegurando que continuará enfrentando con firmeza cualquier violación a la normativa vigente.
