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Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) expresó su respaldo al arresto y sometimiento a la justicia de seis personas, incluyendo empleados de la institución, quienes formaban parte de una red dedicada a la falsificación y suplantación de documentos en beneficio de nacionales haitianos en la provincia Peravia.
El Ministerio Público informó que continúa la búsqueda de dos personas más, contra quienes se emitieron órdenes de arresto.
La jueza de la jurisdicción de Atención Permanente de Peravia, magistrada Loida Amador, declaró el caso como complejo y dictó prisión preventiva contra Amauri Rosario Aybar. Asimismo, impuso medidas de garantía económica y presentación periódica ante el Ministerio Público a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez.
Las investigaciones revelan que la estructura delictiva operaba desde la Oficialía de Estado Civil de Nizao, bajo la dirección de María del Carmen Arias Castillo, quien se encuentra prófuga junto a la imputada Dominga Valdez. Ambas tienen órdenes de arresto en su contra.
Según las pesquisas, la red utilizaba una supuesta fundación identificada como ANEADEF, dirigida por Dominga Valdez, que alegaba brindar asistencia a personas con discapacidad, pero en realidad se dedicaba a la comercialización de identidades falsas mediante la suplantación de documentos de ciudadanos dominicanos.
La investigación está siendo conducida por la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la JCE, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la JCE, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y su Departamento de Falsificaciones, con el apoyo de la Consultoría Jurídica, la Dirección de Cedulación, la Dirección de Inspectoría y la Dirección de Informática de la JCE.
Los acusados enfrentan cargos por violaciones a múltiples disposiciones del Código Penal Dominicano, la Ley 4-23 sobre Registro Civil, la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La JCE reiteró su compromiso de enfrentar con firmeza cualquier violación al Registro Civil Dominicano y a la identidad de la ciudadanía, garantizando la transparencia y legalidad en los procesos de identificación.
