Corrupción y escándalos sacuden nuevamente la política brasileña

Brasil enfrenta una nueva ola de denuncias por corrupción que involucran a figuras clave del gobierno y autoridades locales, generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Esta semana, el ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, del partido Unión Brasil, fue denunciado por la Fiscalía General de la República por malversación de fondos, manipulación de licitaciones y corrupción. El funcionario presentó su renuncia tras las acusaciones, que también implican a su hermana, exalcaldesa de Vitorino Freire, en el estado de Maranhão.

Simultáneamente, la Policía Federal ejecutó la operación «Copiar y Pegar» contra el alcalde de Sorocaba, Rodrigo Manga, por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a salud, incautando más de 1,7 millones de reales en efectivo durante un allanamiento.

El escenario se complica con nuevas investigaciones que afectan a otros miembros del gobierno. La ministra de Cultura, Margareth Menezes, deberá comparecer ante la Cámara de Diputados para responder sobre posibles favorecimientos contractuales vinculados a espectáculos carnavalescos. También ha surgido una denuncia contra la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, por un supuesto empleado fantasma.

La presión internacional se intensifica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Transparencia Internacional han expresado su inquietud por el deterioro de las medidas anticorrupción en el país. Brasil ha detenido su proceso de adhesión a la OCDE y ha sido objeto de críticas por prácticas como el «presupuesto secreto», fondos parlamentarios asignados sin transparencia, con un monto récord aprobado para 2024.

Además, la operación «Overclean», impulsada desde Bahía, investiga una red de corrupción que habría manipulado licitaciones en todo el país, con conexiones políticas de alto nivel. Entre los principales implicados se encuentra el empresario José Marcos de Moura, conocido como el «Rey de la Basura».

En medio del creciente escrutinio público, se ha generado controversia por los gastos y el secretismo en torno a las actividades de la primera dama, Rosângela da Silva, conocida como Janja. Según reportes, sus gastos ascienden a casi 20 millones de dólares, sin estar sujeta a protocolos oficiales de transparencia.

La falta de claridad sobre los pasajeros de los vuelos oficiales también ha causado malestar, luego de que se revelara que jueces del Supremo Tribunal Federal han realizado más de 150 vuelos desde 2023 en aeronaves de la Fuerza Aérea Brasileña, cedidas por el Ejecutivo bajo el argumento de garantizar su seguridad.

Frente a este panorama, organizaciones civiles y expertos advierten sobre un retroceso en la lucha contra la corrupción en Brasil, mientras el gobierno intenta sostener su credibilidad en medio de una serie de escándalos que rememoran los casos de la operación Lava Jato.