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Quito – El Gobierno de Ecuador declaró este sábado un nuevo estado de excepción que afecta a siete provincias, la capital Quito, la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez y todo el sistema penitenciario nacional, en respuesta al aumento sostenido de la violencia vinculada a bandas del narcotráfico. La medida entró en vigor a un día de la segunda vuelta presidencial entre el mandatario Daniel Noboa y la candidata opositora Luisa González.
El decreto tendrá una duración de 60 días y contempla restricciones de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, además de la libertad de reunión. También se impone un toque de queda nocturno en varias localidades de las provincias de Guayas, Los Ríos, Orellana y Sucumbíos, así como en Camilo Ponce Enríquez.
Las provincias bajo estado de excepción incluyen cinco en la región costera (Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro) y dos amazónicas (Orellana y Sucumbíos). La decisión responde, según el decreto presidencial, al incremento de “índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la perpetración de ilícitos por grupos armados organizados”.
Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, el presidente Noboa ha recurrido a estados de excepción frecuentes para enfrentar la crisis de seguridad. En enero, declaró al país en conflicto armado interno, lo que ha permitido la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad con el objetivo de neutralizar a una veintena de bandas narcocriminales, catalogadas como terroristas.
Pese a una leve baja en la tasa de homicidios de 47 a 38 por cada 100.000 habitantes en lo que va de 2024, Ecuador mantiene el índice más alto de asesinatos en América Latina, según datos del grupo especializado Insight Crime.
El contexto de violencia coincide con la celebración este domingo de una de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia reciente del país. Las urnas estarán abiertas de 07:00 a 17:00 (hora local) y se esperan resultados preliminares una hora después del cierre.
Entre las medidas implementadas por el Consejo Nacional Electoral para estas elecciones figuran la prohibición del uso de teléfonos móviles y electrónicos en los recintos de votación, como forma de prevenir el voto coaccionado. Asimismo, se ha reubicado a diez centros electorales en seis provincias debido a daños estructurales o su uso como refugios temporales por lluvias.
Las autoridades recalcaron que estas acciones buscan garantizar un proceso electoral seguro y transparente en medio de un clima de tensión y violencia sin precedentes en el país.
