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La Procuraduría General de la República ha tomado medidas preventivas ante informes que señalan al empresario Antonio Espaillat López por presuntas acciones para transferir bienes a su nombre, lo que podría obstaculizar la compensación a las víctimas del desplome ocurrido en la discoteca Jet Set.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezada por Wilson Camacho, ha iniciado diligencias procesales sobre las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otras propiedades de Espaillat, como parte de la investigación sobre la tragedia del pasado 8 de abril, en la que fallecieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
Dentro de estas acciones, se interpusieron oposiciones a movimientos de bienes en proceso de traspaso. Según el órgano acusador, estas medidas buscan preservar los derechos de las víctimas mientras avanza el proceso judicial.
Una fuente cercana al caso informó que el Ministerio Público solicitó un impedimento cautelar para impedir cualquier transacción accionaria o patrimonial relacionada con las empresas de Espaillat, amparándose en disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Aclaró que no se le investiga por dicho delito, pero que se recurre a esta figura jurídica para frenar administrativamente cualquier intento de enajenación de bienes.
Aunque el empresario ha manifestado públicamente su disposición a colaborar con la justicia, el Ministerio Público continúa con la revisión de documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales y el cumplimiento de normativas exigidas para operar este tipo de establecimientos.
Las acciones del Ministerio Público se enmarcan dentro de las funciones establecidas por la Ley Orgánica 133-11, que le otorga autonomía para dirigir investigaciones penales, proteger a las víctimas y garantizar el interés público conforme a los principios de legalidad y responsabilidad.
