Teófilo Abreu
Resulta sorprendente y hasta muy penoso leer o escuchar declaraciones de algunos representantes de diferentes instituciones sociales, en las que expresan su respaldo al proyecto de Reforma Constitucional, sometido al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader, sin ni siquiera tener una idea clara de qué se trata, o simplemente para entrar en la ola.
La semana pasada me referí a este tema en un breve comentario, al ver algunas declaraciones al respecto, de parte de personas que me parecían estar perdidas, y que sólo buscaban hacerse graciosos ante el presidente de la República. Dicho en buen dominicano: “ponerse donde en capitán los vea”.
En ese contexto entran las declaraciones del presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Sandy Filpo), al señalar que la propuesta de reforma constitucional es un paso hacia la institucionalización del país.
Y la verdad es que no supe si reír o llorar, pero ciertamente sentí mucha pena. Pero como este líder empresarial se escuchan y se leen declaraciones de otros dirigentes sociales y políticos, que sólo pretenden sonar con la música que le guste a quien gobierna.
La institucionalidad se define como aquellas reglas formales como leyes, decretos y reglamentos, y las reglas informales que incluyen procedimientos y normas de conducta, ya sean morales y/o éticas, y que tienen como objetivo limitar la forma de actuar de las personas.
Asimismo, la institucionalidad social se refiere al “conjunto de reglas de juego formales e informales, (incluyendo las rutinas y costumbres organizacionales) que se ponen en funcionamiento para procesar y priorizar los problemas sociales, a la vez de enmarcar el contenido y la dinámica administrativa y política de las políticas sociales.
Es decir que carece de sentido lógico lo dicho por al líder empresarial santiaguero, de que esa reforma busca fortalecer la institucionalidad del país.
Está claro que esta propuesta presidencial será aprobada, ya que, además de que el partido de gobierno cuenta con la mayoría “aplastante”, pesa sobre los legisladores oficialistas la línea bajada por el jefe de Estado, al reunirse con ellos tras el sometimiento de la pieza, y la advertencia del presidente de la Cámara de Diputados, de que se aplicará mano dura a quienes voten en contra.
Atrás quedarán los señalamientos de algunos sectores no menos importantes, en el sentido de que hay problemas mucho más urgentes a los que el Gobierno debería atender, como son el alto costo de los artículos de primera necesidad, la inseguridad ciudadana, la delincuencia y la criminalidad, entre otros, antes de embarcarse en un proyecto de Reforma Constitucional, al que no encuentran razón de ser ni mucho menos la urgencia que le atribuye la esfera oficial.
