Azua, R.D. – La jueza Ana Esther Hernández Méndez, del tribunal de Las Yayas, impuso una garantía económica de un millón de pesos como medida de coerción a Ángel Encarnación Bautista, quien conducía el vehículo involucrado en un trágico accidente que dejó seis personas fallecidas y más de 40 heridas en Azua.
Además de la garantía económica, Encarnación Bautista deberá presentarse periódicamente ante las autoridades durante seis meses, los días seis de cada mes, y se le ha impuesto un impedimento de salida del país. Estas medidas fueron confirmadas por el periodista Héctor Abreu para el Listín Diario.
Inconformidad con la Decisión Judicial
El Ministerio Público, representado por Juan Diego Ramírez Galván, había solicitado prisión preventiva como medida coercitiva, alegando la gravedad del caso y la conducta imprudente del imputado, quien es comerciante en la provincia de San Juan. Encarnación Bautista fue acusado de causar la muerte de seis personas y de herir a más de 40 al conducir a exceso de velocidad y de manera temeraria.
Por su parte, el abogado de una de las víctimas, Junior Rodríguez, expresó su inconformidad con la decisión de la magistrada Hernández Méndez. Rodríguez indicó que analizará la sentencia para posteriormente fijar una posición sobre la medida impuesta.
Antecedentes y Acusaciones
El Ministerio Público sostiene que Encarnación Bautista se desplazaba de manera imprudente en un vehículo de carga, marca Daihatsu, color rojo, sin tomar las precauciones necesarias. Además, se reveló que el imputado cuenta con un historial de 28 infracciones por violación a la Ley 63-17 sobre Tránsito Vial, según el Sistema de Investigación Criminal (SIC).
La entidad de justicia ha presentado diversas evidencias para vincular a Encarnación Bautista con el caso, otorgándole una calificación jurídica provisional por violación a varios artículos de la Ley 63-17, que regulan el tránsito y la seguridad vial.
Este caso ha generado un amplio debate sobre la aplicación de medidas coercitivas en situaciones de alta gravedad, y las decisiones judiciales continúan siendo motivo de análisis y controversia en la comunidad.
