Por Richard Cabrera
El Ministerio Público ha anunciado que cuenta con pruebas internacionales que refuerzan la solicitud de medidas de coerción contra Rafael Ynoa Santana, alias «El Cojo», «Pocho» o «El Don», junto a otros implicados en una vasta red de narcotráfico internacional, desmantelada a través de la Operación Búfalo NK. La red está presuntamente vinculada a organizaciones criminales de Colombia y México.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó la audiencia, programada inicialmente para hoy, a solicitud de los abogados de los imputados, quienes pidieron más tiempo para preparar sus defensas. La nueva fecha para la audiencia fue fijada para el viernes 27 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
El fiscal Miguel Collado, representante del Ministerio Público, afirmó que el organismo está listo para presentar pruebas suficientes, incluidas sentencias provenientes de Colombia que vinculan directamente a los imputados con el narcotráfico internacional. «Esta estructura criminal ha sido vigilada desde 2019. En 12 ocasiones intentaron movilizar drogas, y en cinco de esas intentos fueron interceptados, resultando en el decomiso de 1,400 kilos de sustancias ilícitas», destacó Collado.
Entre los acusados figuran Rafael Ynoa Santana e Isidoro Rotestan Clase, alias «El Men», su presunto socio, así como Juan Bolívar Hernández, Juan Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavárez, Seriano Núñez Pichardo, Germania Mercedes Natalia Román, Maritza Flete Santana, Robert Nicolás Aosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier. El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo.
Operativo conjunto y cooperación internacional
Los arrestos de los miembros de la red fueron ejecutados durante un extenso operativo coordinado por aire, mar y tierra en varias provincias del país, como Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. El operativo contó con la participación del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), organismos de inteligencia dominicanos, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de los Estados Unidos.
La organización criminal está acusada de movilizar grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando lanchas rápidas y barcos pesqueros. Según los fiscales, las drogas, al llegar a suelo dominicano o puertorriqueño, eran posteriormente enviadas a Estados Unidos y Europa, donde su valor se triplicaba, generando enormes ganancias para la red delictiva.
El caso promete ser uno de los mayores juicios por narcotráfico en los últimos años, dada la magnitud y alcance internacional de las operaciones criminales.
