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La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Piña, junto a cinco ministros, presentó su renuncia el miércoles en respuesta a una polémica reforma judicial que los obliga a dejar sus cargos si no desean competir en las próximas elecciones judiciales. Aunque sus salidas serán efectivas en agosto del próximo año tras la elección de sus sucesores, esta decisión subraya el clima de tensión y resistencia dentro del Poder Judicial.
La reforma, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de finalizar su mandato, establece la elección popular de jueces y magistrados, medida que ha generado intensos cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional. Críticos de la reforma sostienen que el cambio podría poner en riesgo la independencia judicial y comprometer los contrapesos del Ejecutivo. Señalan que la elección de jueces por voto popular abre la puerta a la influencia del partido en el poder y de figuras con intereses políticos, lo que podría afectar gravemente la imparcialidad de las decisiones judiciales.
En medio de las renuncias, los ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, consideradas cercanas al gobierno, decidieron permanecer en sus cargos y anunciaron que participarán en las elecciones de 2025. La reforma también contempla la reducción de los ministros de la Suprema Corte de 11 a nueve, en un esfuerzo, según el gobierno, por limpiar de corrupción el sistema judicial.
En paralelo, se han llevado a cabo impugnaciones y protestas en diversos sectores de la sociedad, argumentando que la medida pone en riesgo el estado de derecho en el país. La Suprema Corte discutirá el 5 de noviembre un proyecto presentado por el ministro González Alcántara, el cual busca invalidar parcialmente la reforma, prohibiendo la elección popular de jueces y magistrados, pero permitiendo la elección de los ministros. Sin embargo, el oficialismo ha promovido un cambio adicional en la constitución para bloquear cualquier posibilidad de que la reforma sea detenida en los tribunales, asegurando su aplicación en el sistema judicial del país.
