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LA ROMANA, REPÚBLICA DOMINICANA. – Un grupo de más de 20 personas ha interpuesto una querella por presunta estafa inmobiliaria que asciende a más de 4 millones de dólares estadounidenses. Los afectados aseguran haber realizado pagos de separación, avances y cuotas para la compra de apartamentos en un proyecto residencial que nunca se materializó.
Detalles de la denuncia
Los querellantes señalan que invirtieron un total de USD $4,018,664.99 en la adquisición de unidades habitacionales que, según ellos, fueron ofertadas por una empresa promotora con sede en La Romana. Sin embargo, los apartamentos no fueron entregados en el plazo establecido, y la construcción presenta un estado de absoluto abandono.
Testimonios de los afectados
Una de las denunciantes, Mariela Santos, expresó su indignación durante una rueda de prensa:
“Confiamos en un proyecto que parecía sólido, pero al final nos quedamos sin nuestros ahorros y sin la vivienda prometida. Esto es un abuso y una violación a nuestros derechos.”
Otros afectados han manifestado que la empresa responsable continúa operando y promocionando proyectos similares, lo que ha generado preocupación de que más personas puedan ser víctimas de la misma situación.
Acciones legales en curso
El abogado representante de los querellantes, Carlos Mejía, explicó que la querella fue depositada ante la Fiscalía de La Romana y que se están recabando pruebas para sustentar la denuncia.
“Estamos hablando de un esquema de captación de dinero bajo falsas promesas, lo que constituye un delito grave de estafa y abuso de confianza,” afirmó Mejía.
Respuesta de la empresa señalada
Hasta el momento, la empresa acusada no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones. Sin embargo, algunos documentos presentados por los querellantes sugieren que los pagos realizados estaban respaldados por contratos que, según ellos, fueron incumplidos deliberadamente.
Aumenta la preocupación por estafas inmobiliarias
Este caso ha puesto en el centro de atención un problema recurrente en el país: las estafas inmobiliarias. Las autoridades han recomendado a los ciudadanos verificar la legalidad de los proyectos y los antecedentes de las empresas antes de realizar inversiones significativas en bienes raíces.
La comunidad espera que la justicia actúe con rapidez para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los afectados. Mientras tanto, los querellantes continúan exigiendo la devolución de su dinero o la entrega de las propiedades acordadas.
