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Sentencia será leída el 4 de marzo de 2025
El tribunal encargado del caso ordenó el decomiso de todas las evidencias materiales vinculadas al proceso judicial sobre el desfalco millonario en el Ministerio de Agricultura. Asimismo, fijó la lectura íntegra de la sentencia para el próximo 4 de marzo de 2025, momento en que se darán a conocer los detalles completos del fallo.
Detalles del desfalco: más de 3.8 millones de pesos sustraídos
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, el fraude ascendió a tres millones ochocientos diez mil pesos (RD$3,810,000). Esta suma fue sustraída mediante transferencias ilícitas realizadas a través de la plataforma NetBanking, utilizando credenciales asignadas al Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura.
En el proceso, se identificó que Julio Domínguez Fernández, quien manejaba la cuenta del viceministerio, facilitó el acceso a su hijo Domínguez Solano, quien fue uno de los principales beneficiarios de los fondos desviados.
Modo de operación: transferencias fraudulentas
Según la investigación, los fondos eran transferidos desde la cuenta oficial del Viceministerio Administrativo y Financiero hacia una cuenta a nombre de Elizondo. Posteriormente, este último devolvía el dinero a favor de Domínguez Solano, cerrando así el ciclo del fraude.
Pepca lideró la investigación tras denuncia de Ética Gubernamental
El caso fue investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), tras recibir una denuncia formal en 2022 por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
La denuncia fue presentada luego de detectar irregularidades en el manejo de fondos dentro del Ministerio de Agricultura, lo que llevó a una exhaustiva investigación que derivó en el proceso judicial actual.
Expectativas ante la sentencia final
Con la audiencia programada para el 4 de marzo de 2025, se espera que el tribunal dictamine las sanciones correspondientes a los implicados, así como el destino de los bienes decomisados. El fallo será clave para determinar las consecuencias legales de este caso de corrupción dentro de una entidad gubernamental.
