El destacado empresario Ramón Báez Figueroa ha presentado una solicitud a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, instando a una investigación exhaustiva del proceso de liquidación del Banco Intercontinental (BANINTER). Báez Figueroa plantea serias preocupaciones sobre la posible desviación de ochenta millones de dólares relacionados con este proceso.
El empresario ha tomado acciones legales contra la liquidación del Banco Intercontinental, incluyendo una revisión del proceso de venta de Delta Comercial y las negociaciones relacionadas con la cartera de préstamos. En su solicitud, Ramón Báez Figueroa ha señalado la necesidad de investigar a cerca de 20 individuos y empresas, incluyendo a dos altos funcionarios del Banco Central, Ervin Novas Bello y José Manuel Taveras Lay, por presuntas irregularidades en la liquidación de los activos del quebrado Baninter.
El argumento principal detrás de la solicitud de investigación es la venta de la empresa Delta Comercial, propiedad de Baninter, a favor del grupo Najri por un monto de 90 millones de dólares. Según Báez Figueroa, solo se entregaron 10 millones de dólares, y hasta el momento no se ha determinado el destino de los restantes 80 millones de dólares.
Los abogados de Báez Figueroa han identificado al menos 12 violaciones a la Constitución y las leyes que involucran a los individuos y entidades señaladas. Entre los cargos propuestos se encuentran asociación de malhechores, testaferrato, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, soborno y coalición de funcionarios. Báez Figueroa espera que las procuradoras Miriam Germán, Yeni Berenice y Wilson Camacho inicien de inmediato las investigaciones correspondientes para establecer la responsabilidad penal en este caso.
Cabe recordar que Ramón Báez Figueroa fue beneficiado con la libertad condicional en 2013 tras cumplir condena relacionada con la quiebra de Baninter. La decisión de la libertad condicional incluyó la obligación de presentarse mensualmente ante el Tribunal de la Ejecución de la Pena y estuvo vigente hasta diciembre de 2017. Ni el Ministerio Público ni el Banco Central se opusieron a la solicitud de libertad condicional.
La quiebra de Baninter en 2003 tuvo un impacto significativo en la economía del país y es un acontecimiento histórico que aún genera inquietudes y preguntas sin respuesta.
