SANTO DOMINGO, República Dominicana: A medida que nos adentramos en el proceso electoral rumbo a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2024, nos enfrentamos a importantes desafíos que exigen una reflexión profunda y un compromiso colectivo. Entre estos desafíos se encuentran:
1. **Control de Gastos de Campaña**: Este ciclo electoral marca la primera aplicación de los preceptos legales destinados al control de los gastos de campaña de los partidos y candidatos. La transparencia en el financiamiento de las campañas es esencial para garantizar una competencia justa y equitativa. Las autoridades y los partidos deben colaborar para asegurar que los límites y regulaciones se cumplan rigurosamente. 2. **Control de Gastos Gubernamentales**: Es crucial supervisar y controlar los gastos y actuaciones gubernamentales que puedan ofrecer ventajas a un partido en el poder y sus candidatos. La imparcialidad y la equidad son fundamentales para la integridad del proceso electoral. 3. **Integridad de los Candidatos**: Es esencial que se apliquen todos los mecanismos disponibles en los partidos políticos, por parte de las autoridades y la población, para evitar que personas acusadas de corrupción, negocios ilícitos y otras violaciones a las leyes sean elegidas en posiciones gubernamentales. La calidad de la representación es un aspecto crucial de la democracia. Desde 1994, Participación Ciudadana ha estado observando las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en República Dominicana. Durante estos años, hemos presenciado mejoras significativas en muchos aspectos del proceso electoral. Sin embargo, en el actual período de precampaña, se han planteado desafíos importantes que merecen nuestra atención. El artículo 43 de la Ley No. 33-18 establece que el período de precampaña comienza el 1 de julio del año anterior a las elecciones y debe durar tres meses. A pesar de esta regulación, algunos partidos iniciaron su precampaña en 2022, lo que ha llevado a un desbordamiento generalizado en la actividad electoral. La Junta Central Electoral emitió un comunicado de admonición en agosto, prohibiendo ciertas actividades de campaña durante el período de precampaña. Sin embargo, estas restricciones generaron reacciones adversas, y se plantearon dudas sobre la legalidad de estas limitaciones. En consecuencia, en lugar de reducir la duración de las campañas, estas han aumentado, creando un entorno de gasto desenfrenado y debilitando la autoridad electoral. Esta prolongación de las campañas aumenta los costos y crea desafíos significativos en la transparencia y el control del gasto de los partidos y candidatos. El gasto gubernamental con fines electorales también debe ser monitoreado de cerca. Aunque el presidente Luis Abinader ha prometido que no se utilizarán recursos públicos para campañas electorales, existe una tendencia histórica en la que el gasto gubernamental aumenta en años preelectorales y electorales en actividades como publicidad gubernamental, programas sociales y obras públicas. El uso de vallas publicitarias es un ejemplo de gastos significativos durante el período de precampaña. Un monitoreo realizado por voluntarios de Participación Ciudadana identificó más de 2,294 vallas de promoción política en septiembre, con una distribución desigual entre partidos. Este tipo de propaganda aumenta los costos de la campaña y favorece a los candidatos con mayores recursos, lo que potencialmente permite la influencia del dinero mal habido en la política. Además, la elección de candidatos por los partidos ha generado preocupación, ya que se ha identificado la inclusión de personas acusadas de delitos graves o violencia de género en las listas de candidatos. Esta situación socava la calidad de la representación y desafía la voluntad de la sociedad dominicana de contar con líderes dignos y éticos. La Junta Central Electoral (JCE) ha avanzado en la regulación de los procesos electorales, aunque se ha enfrentado a desafíos relacionados con la organización de votantes en el extranjero y la verificación de la eficacia de los escáneres utilizados en las elecciones. La JCE debe garantizar que los procesos electorales se desarrollen de manera justa y transparente. En este ciclo electoral, la JCE ha advertido sobre la proporción de género en las candidaturas y la necesidad de que los partidos cumplan con las regulaciones. Sin embargo, algunas decisiones relacionadas con la campaña a destiempo podrían interpretarse como una debilidad, y es importante que la autoridad electoral mantenga la autoridad en la regulación del proceso electoral. La creación de la Pro curaduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, establecida por la Ley 20-23 de Régimen Electoral, sigue pendiente. Esta institución es esencial para garantizar la integridad y transparencia del proceso electoral, y su establecimiento debe llevarse a cabo sin demora. A medida que avanzamos hacia las elecciones de 2024, instamos a todas las partes interesadas, incluidos los partidos políticos, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la sociedad civil, a trabajar juntos para garantizar elecciones más transparentes y justas. La democracia dominicana depende de ello, y juntos podemos superar estos desafíos y fortalecer nuestro sistema electoral para el bienestar de todos.
