El Consejo del Poder Judicial, en la Sesión Ordinaria No. 33-2023, ha acogido en su totalidad la acusación disciplinaria presentada por la Inspectoría de la Suprema Corte de Justicia. La acusación señala faltas muy graves en la ejecución de un desalojo en Punta Rucia, Provincia Puerto Plata, lo que ha resultado en la destitución del ministro Andrés Enrique Ureña Ureña, alguacil de estrados del Juzgado de Paz del Municipio de Villa Isabela.
La acusación se basa en la violación de la ley 396-19, que regula el ejercicio de la Fuerza Pública para llevar a cabo medidas ejecutorias. Se ha demostrado que el alguacil participó en la ejecución de un desalojo fraudulento en contra del señor Ramón Andrés Reynoso Pichardo, quien fue despojado de su vivienda mediante acciones fraudulentas y un deslinde ilegal.
La ejecución del desalojo, solicitado por la sociedad Franasyl, s.r.l y el señor Abraham Selman Hasbun, no siguió el debido proceso establecido. Dos individuos, hasta ahora desconocidos, simularon ser el juez de paz y el fiscal, rompiendo candados para acceder a la propiedad de Reynoso Pichardo, acompañados por miembros de la Policía Turística (Cestur). La vivienda fue entregada posteriormente al ex director de la Policía Turística como compensación por su apoyo corrupto al proceso.
El abogado Amadeo Peralta ha revelado que se están llevando a cabo otras investigaciones y procesos judiciales contra otros alguaciles de Puerto Plata que forman parte de un entramado conocido como «la mafia de Punta Rucia». Advierte que cualquier alguacil, agrimensor, notario o abogado vinculado a esta red será llevado ante la justicia.
Tanto el Ministerio Público como las Inspectorías del Poder Judicial y del Ministerio Público están investigando una red de falsificaciones de documentos en Punta Rucia. Estas prácticas fraudulentas incluyen deslindes ilegales y desalojos, afectando a propietarios de viviendas. Se espera que la Procuraduría General de la República tome medidas contra los responsables de estas acciones delictivas.
