En Santo Domingo, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana ha presentado una nueva campaña de comunicación dirigida a la sociedad dominicana. Bajo el lema «La democracia, más que un voto es un proceso», la campaña tiene como objetivo informar sobre las restricciones establecidas por las normativas legales con respecto al uso de recursos estatales y la publicidad gubernamental durante la campaña electoral.
Como entidad no gubernamental y apartidista, Participación Ciudadana expresó su apoyo al decreto 1-24, firmado por el presidente de la República, que regula la publicidad gubernamental, especialmente durante los períodos electorales. Este decreto refuerza las disposiciones de la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, así como la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral. Sin embargo, se subraya que más allá de las buenas intenciones, es crucial el cumplimiento efectivo de estas normativas, dada la tradición de uso y abuso de los recursos estatales a favor de partidos y candidatos en el poder.
La campaña se basará en mensajes breves y lenguaje claro para visibilizar cualquier transgresión a las normas electorales. Además, se pondrán a disposición de la ciudadanía herramientas como la plataforma «Atento con tu voto» para reportar posibles violaciones a las normativas.
Participación Ciudadana aclaró que las disposiciones del decreto 1-24 son de cumplimiento inmediato y no requieren la espera del reglamento previsto para dentro de seis meses. Estas reglas se centran en el contenido de la publicidad gubernamental.
Uno de los mensajes destacados de la campaña subraya que la «Ley 33-18 de partidos políticos prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado para financiar o apoyar las actividades de rentabilidad electoral, inclusive aquellas derivadas de inauguraciones oficiales».
Adicionalmente, Participación Ciudadana anunció que llevará a cabo un monitoreo de los mensajes publicitarios del gobierno como parte de su programa de observación electoral, con el propósito de contribuir a erradicar prácticas indebidas que han caracterizado procesos electorales anteriores en el país.
