El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, calificó de «atropello a la dignidad» el reciente allanamiento a la vivienda y la sede de gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Esta acción se enmarca en una investigación sobre la presunta posesión de relojes Rolex no declarados por parte de la mandataria.
«Lo ocurrido constituye un intolerable atentado contra la dignidad de la Presidencia y la Nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales», declaró Adrianzén el sábado en la radio y televisión RPP.
El allanamiento, llevado a cabo en horas de la madrugada por la policía y la fiscalía, tenía como objetivo la búsqueda de las joyas presuntamente no declaradas por Boluarte.
Desde el 18 de marzo, la presidenta está siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones en documentos públicos.
Adrianzén expresó la solidaridad de los ministros de Estado con la presidenta y rechazó enérgicamente estas acciones, que consideran políticamente desestabilizadoras y amparadas en disposiciones jurisdiccionales cuestionables.
Boluarte se encontraba en su residencia dentro del palacio de gobierno en el momento de los allanamientos y declarará ante la fiscalía cuando sea convocada, según indicó el jefe del gabinete.
A pesar de haber solicitado una reprogramación de su citación, esta fue rechazada, aunque Boluarte sigue colaborando con la fiscalía, afirmó Adrianzén.
En caso de ser formalmente acusada, Boluarte solo podrá ser sometida a juicio después de finalizar su mandato en julio de 2026, según lo establece la Constitución. Sin embargo, el escándalo podría derivar en un pedido de destitución por «incapacidad moral» desde el Congreso.
