El caso de «El Dotolcito» ha generado un notable interés mediático y legal debido a la gravedad de los hechos y las sentencias impuestas. El Dotolcito, cuyo nombre real es Vincent Carmona Corcino, fue condenado a 15 años de prisión por su participación en la muerte de Joshua Fernández. Junto a él, Allyson de Jesús Pérez Mejía (conocido como Chiquito) y Luis Alberto Brito (Luisito) recibieron sentencias de 30 y 20 años, respectivamente.
El nuevo abogado de El Dotolcito, Carlos Balcácer, ha apelado la sentencia ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Balcácer argumenta que hubo violaciones de normas procesales, incluyendo la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio, y que estas violaciones causaron indefensión y una errónea aplicación de la ley.
En su recurso de apelación, Balcácer sostiene que El Dotolcito no tuvo intención criminal ni participó activamente en los actos delictivos cometidos por Chiquito y Luisito. Según el abogado, El Dotolcito solo llamó al taxista Danil Ramírez para transportar a Chiquito a una discoteca y no a Luisito. Además, argumenta que fue Chiquito quien pidió al taxista cambiar de rumbo y recoger a Luisito, y que El Dotolcito no dio ninguna instrucción para que se cometieran los crímenes.
El abogado también señala que El Dotolcito se separó de los otros dos acusados después de los delitos, lo que indica su falta de complicidad. Balcácer pide que la apelación sea admitida, la sentencia anulada, y que se ordene un nuevo juicio, argumentando múltiples contradicciones y errores en la valoración de las pruebas por parte del tribunal que dictó la condena.
Este caso resalta la complejidad de los procesos judiciales y las estrategias legales empleadas para buscar la anulación de sentencias basadas en supuestas irregularidades y violaciones de derechos procesales.
